Se conoció a raíz de una denuncia presentada hace pocos días por el Ministerio de Seguridad de la Nación, asesorado por Fernando Soto, que considera que los Maldonado, su abogada, algunos testigos y los organismos de DDHH integran una asociación ilícita que pretende lucrar con la muerte de Santiago Maldonado y desprestigiar al gobierno nacional.

La cédula de notificación del juez Gustavo Lleral fue esclarecedora y obedecía a una solicitud que hizo la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien pretende que Lleral vuelva a atender en Esquel, en lugar de quedarse en Rawson como lo decidió hace algunas semanas.

Heredia argumenta que el traslado a Rawson para responder escritos y otros etcéteras le insume muchos gastos a su representación y que por ello debe atender en el Chubut andino, como lo venía haciendo.

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El Estado ya pagó un total de 1.600.000 pesos, en concepto de 200 mil pesos por mes desde el primero de agosto de 2017. Al mismo tiempo, la abogada Heredia habría percibido unos 300 mil pesos en concepto de honorarios.

Fuente: Prensa Digital

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